may 14

Validez del contrato electrónico

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Validez del contrato electrónico
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De la ley 34/2002, así como de las demás normas aplicables, se desprende sin lugar a dudas que  la validez del contrato electrónico se produce por la mera concurrencia del consentimiento expresado por vía electrónica, sin necesidad de que se firme un contrato previo por escrito aceptando la validez del medio ni de que el contrato así celebrado tenga que necesariamente reproducirse en papel para entregarse a las partes.

PILAR CAÑAS, abogado

Aunque la regulación específica de  la contratación electrónica en España se publicó hace ya años la cuestión de la validez de los contratos formalizados por vía electrónica es un tema  de candente actualidad debido al impulso que están adquiriendo en los últimos tiempos las transacciones privadas operadas mediante internet y al uso masivo del correo electrónico, dando lugar a un nuevo espacio de ejercicio de la actividad comercial, el virtual, casi inexistente anteriormente.

El Contrato celebrado por vía Electrónica se define en el anexo de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, como “todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones”.

Se desprende claramente de tal definición que una característica básica del mismo es que se trata de un contrato celebrado sin la presencia física simultánea de las partes; un contrato celebrado a distancia. Es asimismo requisito fundamental para entender que se ha celebrado un contrato electrónico el que la oferta y aceptación se produzcan por medios electrónicos conectados a una red.

La legislación vigente en nuestro país aplicable a los contratos electrónicos ofrece un panorama heterogéneo y disperso.  Es verdad que  La ley 34/2002 antes citada  es la norma que regula las especificidades del contrato electrónico. Pero a dicho tipo de contrato le son aplicables en general las normas sobre obligaciones y contratos contenidas en las leyes civiles y mercantiles. Según declara la propia ley citada, el contrato electrónico se rige asimismo por el Código Civilel Código de comercio,  las normas de protección de los consumidores y usuarios y las normas de ordenación de la actividad comercial. Pero no cabe duda que es también aplicable a estos contratos, además de la normativa europea en la materia, la ley 7/1998 de 14 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación que regula los contratos de adhesión, es decir, el contrato que se impone por una de las partes a la otra sin posibilidad de negociación, ya que este sistema es uno de los más extendidos en internet, el Real Decreto 1906/1999 de 17 de diciembre que  regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, por la misma razón expuesta, la ley  59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica, ya que el uso de ese tipo de firma se va extendiendo en distintos ámbitos de la contratación electrónica al añadir un plus de seguridad jurídica en la mismas,  la ley  56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y la Ley Orgánica 15/1999  de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal que deberá ser respetada en la recogida de datos y archivo de los mismos por el prestador de servicios de la sociedad de información (persona física o jurídica que proporciona el servicio). Y desde luego será de aplicación la normativa reguladora de la actividad concreta que constituya el objeto de cada contrato celebrado por vía electrónica.

De la ley 34/2002, así como de las demás normas aplicables, se desprende, sin lugar a dudas, que la validez del contrato electrónico se produce por la mera concurrencia del consentimiento expresado por vía electrónica, sin necesidad de que se firme un contrato previo por escrito aceptando la validez del medio ni de que el contrato así celebrado tenga que necesariamente reproducirse en papel para entregarse a las partes.  Para que un contrato electrónico sea válido  deberá cumplir, eso sí, todos los demás requisitos esenciales previstos en las leyes para, la que podríamos llamar, “contratación tradicional”, es decir, además del consentimiento, tener un objeto cierto y una causa lícita.

Así pues, la contratación electrónica cambia el soporte y el medio de transmisión de voluntades que, como ya se ha dicho, se han de producir por vía telemática, pero no altera el derecho preexistente de obligaciones y contratos privados.

La Ley 34/2002 excluye expresamente de este tipo de contratos, los temas relativos al Derecho de familia y sucesiones y los actos y  negocios para los que las leyes exijan  para su validez forma documental pública u otras solemnidades (lo que es excepcional en nuestro derecho), tales como los que requieran intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores o autoridades públicas.

La no necesidad de constancia escrita, con las salvedades expuestas, es aplicable aún en el supuesto de que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, ya que según el artículo 23 de la Ley 34/2002 este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.

Pero, ¿Cuándo se considera formalizado el contrato electrónico?

Aplicando la normativa general sobre obligaciones y contratos, en concreto el artículo 1254 del Código Civil,   el contrato existirá “desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de una u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio“. Y ese consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la  causa que han de constituir el contrato según nos dice el art. 1262 1º del mismo texto legal.

Tratándose de contratos celebrados por personas que se hallan en sitios distintos,  ¿Cuándo se debe entender que se produce el concurso de la oferta y  de la aceptación en el contrato electrónico? La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 34/2002, modifica el art. 1262.2 del Código civil y el art. 54 del Código de Comercio, dando una misma redacción a los mismos a fin de regular precisamente la perfección de los contratos celebrados sin presencia física simultánea de ambas partes. La nueva redacción de dichos artículos es la siguiente:

“Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la acepto, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación, o desde que habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso se presume celebrado, en el lugar en que se hizo la oferta.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación”.

Estos artículos regulan dos formas de producirse la aceptación de una oferta en los contratos celebrados a distancia, y en qué momento esa aceptación da lugar a la perfección del contrato, o lo que es lo mismo,  empieza a producir sus efectos. El primer párrafo transcrito  regula la aceptación que para dar validez al contrato requiere que haya sido enviada al oferente y haya sido conocida por éste, o debida conocer según los principios de la buena fe. Así pues, tratándose de un contrato electrónico, se está refiriendo a aquellos en que la aceptación ha de ser remitida al oferente mediante el envío de un correo electrónico o de cualquier otra comunicación telemática solicitando el servicio o producto. Ese tipo de aceptación requerirá para que el contrato quede perfeccionado que llegue al oferente y sea conocida por este o debida conocer (por ejemplo, en mi opinión, se puede entender que el oferente  ha debido conocer la aceptación si el mail que la contiene ya ha sido almacenado en el servidor de su cuenta de correo). El segundo párrafo regula la aceptación que se produce en el mismo momento de manifestarse ésta al realizarse por dispositivos automáticos, por ejemplo cuando el usuario de una web hace clic en “aceptar”  una vez cumplimentado  el formulario de compra o leídas las condiciones generales del contrato.

No obstante, la ley 34/2002 en su artículo 28, obliga además al prestador de servicios a confirmar la recepción de la aceptación.  Entiendo, sin perjuicio de mejor opinión, que podría pues cuestionarse como mínimo por el aceptante la validez de un contrato en el que el oferente no realiza la referida confirmación. Dicha obligación no es necesaria si hay pacto expreso de las partes en tal sentido, siempre que ninguna de ellas  tenga la consideración de consumidor ni tampoco cuando el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica y tales medios no sean empleados con el exclusivo fin de eludir el cumplimiento  de esa obligación. La confirmación la deberá realizar el oferente bien mediante el envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio electrónico equivalente, en el plazo de 24 horas, bien por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento. (Entiendo que en la propia web en los supuestos de compras automatizadas aunque en la práctica, lo habitual, es que además, se remita por el prestador de servicios un correo de confirmación).

El artículo comentado determina que “se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a las que se dirijan puedan tener constancia de ello.  En el supuesto en que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquel haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones”. Entiendo que por analogía la misma presunción cabría aplicar para determinar  cuándo se puede entender que le consta al oferente la aceptación.

Con relación a la oferta la ley 34/2002 dispone que sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación especifica (de la actividad o producto contratado, entiendo), las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el periodo que fije el oferente o  en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio.

No obstante, el problema que se puede plantear ante el contrato electrónico no es tanto el de  determinar  la forma de perfeccionarse el mismo como el de probar  que se haya perfeccionado.

La prueba de la celebración de un contrato electrónico y de las obligaciones y derechos que regule se sujeta a las reglas generales del ordenamiento jurídico. En el supuesto de entablarse un procedimiento judicial sobre la validez o no de un contrato civil o mercantil celebrado por vía electrónica se aplicarán por tanto las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan los aspectos concernientes a la prueba procesal y más concretamente aplicables a la prueba documental ya que el artículo 24 de la Ley 34/2002 establece que en todo caso el soporte electrónico en el que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental.

Sin perjuicio del principio imperante de la libertad de forma sin más exigencias de que el contrato electrónico cumpla los requisitos de validez antes señalados , dada la dificultad que en ocasiones puede entrañar la prueba de ese tipo de contratos,  se han desarrollado mecanismos que permiten una seguridad contractual mayor como la firma digital (en sus variantes de firma electrónica simple,  avanzada y reconocida) o los terceros de confianza digitales, estos últimos regulados en la ley 34/2002 en su artículo 25 que establece que las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y la fecha y hora en que han tenido lugar. Los distintos tipos de firma digital citados se definen en el art. 3 de la Ley  59/2003 de 19 de diciembre de Firma Electrónica.

Aunque la firma digital simple ya supone dotar al contrato de una mayor seguridad en cuanto a la identidad de las partes y el objeto contratado,  el citado artículo 3 de la ley 59/2003 únicamente otorga  a la firma electrónica reconocida (la que está basada en un certificado  electrónico firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación reconocido)  el mismo valor que la firma manuscrita.   Si bien aclara (apartado 9 de dicho artículo) que no se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de firma electrónica reconocida en relación a los datos a los que esté asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrónica.

Además de la obligación que tiene el prestador de servicios de confirmar la recepción de la aceptación antes comentada, con el objeto de proteger al consumidor en la contratación electrónica,  y  teniendo en cuenta el hecho de que  no va a poder examinar previamente el producto, la ley 34/2002, en el artículos 27, impone al empresario la obligación de suministrar información previa a la perfección del contrato. Se trata de datos relativos a los trámites que han de seguirse para celebrar el contrato, medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de datos, lengua del contrato, condiciones generales a las que, en su caso, deba sujetarse el contrato… Dicha información puede incluirse por el prestador de servicios en su página web o sitio de internet. Cuando la prestación de servicios esté diseñada para poder acceder a ellos mediante dispositivos de pantalla reducida (móviles, tabletas…) se entenderá también cumplida la obligación de informar cuando  facilite de forma  permanente y directa la dirección de internet en la que sea puesta a disposición del destinatario todos los datos exigidos por el artículo 27. También aquí la ley excluye de esa obligación previa de informar a los supuestos en que las partes así lo hayan acordado expresamente siempre que ninguna de ellas tenga la consideración de consumidor y a los contratos celebrados exclusivamente mediante  intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación.

A esta exigencia hay que añadir la prevista en el art 10 de la misma Ley que impone al prestador de servicios de la sociedad de la información disponer de los medios que permitan acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita a , entre otros datos, su nombre o denominación social, su residencia o domicilio, su dirección de correo electrónico, los datos de su inscripción en el Registro Mercantil, el Número de identificación Fiscal, precio del producto o servicio con indicación de si incluye o no  impuestos aplicables, información sobre los gastos de envío, códigos de conducta a los que esté adherido, colegio profesional al que en su caso pertenezca, normas profesionales aplicables al ejercicio de dicha profesión…

Asimismo se deberá informar de todo cuanto establece el art. 97 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios con relación a los contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil cuando intervenga en el contrato un consumidor. Entre otras condiciones, y según el citado texto legal,  se deberá informar al consumidor de la fecha de entrega. En su defecto, el empresario debe ejecutar el pedido en el plazo de 30 días, contados a partir del día siguiente de aquel en que el consumidor emitió su consentimiento (art 103).

Al ser el contrato electrónico un contrato celebrado a distancia, el comprador deberá ser además informado de que puede desistir del contrato, tal y como establece la normativa antes citada sobre consumidores y usuarios.  Este derecho de desistimiento se regula también en los artículos 44 y 45 de la Ley de Comercio Minorista. Ese derecho faculta al comprador a desistir del contrato sin penalización alguna (a excepción del coste directo de devolución del producto al vendedor), en un plazo de siete días desde la fecha de recepción del producto, sin necesidad de  indicar  los motivos y sin sujeción a formalidad alguna.

Por su parte la ley 1906/1999 de 17 de diciembre que regula la contratación a distancia con condiciones generales de contratación en su artículo 4 recoge el derecho del comprador adherente (el que no ha podido negociar las condiciones) a resolver el contrato en un plazo de siete días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual, sin incurrir en penalización ni gasto alguno, incluidos los correspondientes a la devolución del bien.

Las normativas expuestas, no obstante, contemplan excepciones al derecho de desistimiento y resolución para determinados contratos, como los que se refieren a adquisición de productos alimentarios, a productos personalizados, a valores sometidos a las fluctuaciones de un mercado, a archivos de descarga inmediata.., entre otros muchos.

En relación a este tema es llamativa la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 31 de mayo de 2006 (número 327/2006) al tratar una transacción,  la venta de billetes de avión por internet, que es realizada a diario por miles de usuarios.  Pues bien, dicha sentencia declara que el actor tiene derecho a resolver el contrato de compraventa de billetes de avión celebrado con una compañía aérea por internet sin necesidad de justificación alguna.   Y dice  “la contratación realizada por el actor y la demandada es verdad que no queda sujeta a la normativa de la Ley 7/1996 (ley de Comercio Minorista), pero no se rige tampoco por las disposiciones comunes a la contratación civil o mercantil, sino que por las características especiales de celebración y perfección del contrato ( a distancia y a través de medios electrónicos) queda sujeta a las prescripciones del Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre por el que se regula la contratación electrónica con condiciones generales de contratación, cuyo artículo 4 otorga al adherente el derecho de resolver el contrato sin sujeción a formalidad alguna, sin penalización ni gasto alguno siempre que se efectúe tal manifestación de voluntad dentro de un plazo de siete días hábiles”.

Por último en cuanto al lugar de celebración  del contrato de acuerdo con la Ley 34/2002, los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor, se presumirán celebrados en el lugar en el que éste tenga su residencia habitual.

En cuanto a los contratos electrónicos entre empresas o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.

Nota del autor

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