abr 10

Patrimonio Protegido

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Patrimonio Protegido
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Sin duda, constituye una preocupación de los padres y familiares poder asegurar a sus hijos o parientes discapacitados que gocen de una adecuada calidad de vida en el futuro, especialmente, a partir del momento que aquéllos falten.

LLUIS M. ISERTE, abogado

La publicación del Libro Segundo del Código Civil de Catalunya, relativo a la persona y a la familia, ha dado cobertura foral a la figura del patrimonio protegido, regulado hasta entonces en el derecho común mediante la ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del código civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa tributaria.

Con ello, el legislador ha querido insertar en la legislación catalana la citada institución, dirigida a proteger y favorecer la autonomía de las personas que necesitan de una mayor protección, regulando la posibilidad de que éstas, ya sea directamente, a través de sus representantes legales o bien de terceras personas, puedan constituir un patrimonio protegido para ser destinado a cubrir sus necesidades.

¿Qué es un patrimonio protegido?. Es un conjunto de bienes y derechos aportados a título gratuito por el constituyente, que quedan afectados junto con sus rendimientos, a cubrir las necesidades vitales de los beneficiarios, sometiendo los mismos a un régimen especial de administración, control y tributación. Pueden ser beneficiarios de dicha figura legislativa, las personas con discapacidad psíquica, igual o superior al 33 % o con una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%. También pueden ser beneficiarios del patrimonio protegido, las personas en situación de dependencia del grado II y III previstos en la legislación sectorial vigente.

Sin duda, constituye una preocupación de los padres y familiares poder asegurar a sus hijos o parientes discapacitados que gocen de una adecuada calidad de vida en el futuro, especialmente, a partir del momento que aquéllos falten.

La normativa legal general, permite diferentes figuras para poner a disposición del discapacitado un determinado patrimonio, en previsión o para cuando los padres o parientes hayan fallecido, y que aquel cuente con una adecuada situación económica que le permita disponer de la misma atención que sus progenitores o familiares le dispensaron hasta entonces. Una de esas formas, es la donación a favor del discapacitado y en vida del transmitente, de determinados bienes o derechos, sin embargo ello, conlleva un coste impositivo a tener en cuenta, pues en Catalunya, esas entregas están gravadas por el Impuesto de Donaciones, y la otra forma, es la transmisión hereditaria, de todo o parte de esos bienes o derechos, sin embargo esta transmisión no es efectiva hasta que se produce el óbito de los padres o parientes.

La constitución de un patrimonio protegido suaviza ambas dificultades, puesto que la aportación por el propio discapacitado de bienes o derechos a favor del patrimonio protegido está exenta del impuesto de transmisiones patrimoniales en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, en el que se introduce una nueva exención en la letra B) del artículo 45 I del Texto Refundido regulador de dicho impuesto, y en relación al Impuesto de Donaciones aplicable a las aportaciones al Patrimonio Protegido efectuado por las personas que tengan relación de parentesco en línea directa o colateral hasta tercer grado con el discapacitado, su cónyuge o las personas que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, la Ley de Cataluña nº 19/2010 de 7 de junio, que regula dicho impuesto de donaciones, contempla, para las aportaciones efectuadas una reducción del 90 % en la base imponible del tributo, en la parte que exceda de la cifra considerada para el perceptor rendimiento de trabajo (1).

El patrimonio protegido es un patrimonio autónomo a los bienes que personalmente pueda tener el propio discapacitado, no tiene personalidad jurídica propia, ha de constituirse en escritura pública que se inscribe en el Registro de nombramientos tutelares no testamentarios y de poderes otorgados en previsión de incapacidad y del Registro de patrimonios protegidos de la Generalitat de Catalunya, y debe de identificarse con la denominación de “Patrimonio Protegido a favor de” seguido del nombre del beneficiario. A su vez, ese patrimonio protegido no responde de las obligaciones del beneficiario ni tampoco de la persona que ha hecho las aportaciones, a no ser que los bienes entregados deban de responder de créditos nacidos antes de su aportación al patrimonio y el aportante no disponga de recursos suficientes para hacer efectiva la deuda a su vencimiento.

¿Qué requisitos formales debe de tener la constitución del Patrimonio Protegido?. El código civil catalán, requiere que necesariamente, la constitución del patrimonio protegido se realice mediante el otorgamiento de una escritura pública, que deberá comprender (i) la expresión de la voluntad de constituir el patrimonio protegido, (ii) la denominación del mismo bajo la fórmula indicada antes, (iii) la descripción de los bienes objeto de la aportación, (iv) la forma de cómo se hace esa aportación, (v) las personas designadas para administrar el patrimonio protegido, que no puede ser en ningún caso el propio beneficiario, junto con las normas y facultades de administración y disposición conferidas, (vi) las personas delante las cuales se ha de rendir cuentas en caso de conflicto de intereses y por último, (vii) el destino del remanente del patrimonio protegido para el momento que se produzca la extinción del mismo.

Las sucesivas aportaciones al patrimonio protegido necesariamente deberán formalizarse en escritura pública, quedando sujeta la administración de estos nuevos bienes a las mismas reglas que se hubieren previsto en la escritura de constitución. En el caso de que los bienes aportados, tanto en la escritura de constitución como en aportaciones posteriores, fueren inscribibles en el Registro de la Propiedad o en otros Registro Públicos, se inscribirán a nombre del patrimonio protegido con la denominación dada en la escritura de su creación.

La administración del patrimonio protegido, la llevará aquélla persona física o jurídica que hubiera sido designada en la constitución del mismo, no prohibiendo la legislación, el nombramiento de administradores suplentes, lo que permite que la continuidad de la administración del patrimonio pueda ser establecida según la voluntad del constituyente, por regla general, los padres o parientes del beneficiario, lo que les da confianza de que las personas encargadas de la gestión del mismo cumplirán adecuadamente con los fines del Patrimonio Protegido, de administrar correctamente los bienes traspasados y cubrir las necesidades del beneficiario para darle la mayor calidad de vida posible.

No obstante, la ley establece para garantizar la protección del patrimonio y destino del mismo, la necesidad de que el administrador, anualmente, rinda cuentas al beneficiario o a sus representantes legales, según el caso, o a la persona designada en la escritura para ello, como forma de controlar las funciones realizadas por el Administrador.

¿Quién puede constituir un Patrimonio Protegido?. La Ley no establece ningún límite subjetivo para crear dicha figura jurídica, permitiendo que pueda ser creado por cualquier persona, incluso el propio beneficiario, siempre que éste tenga la capacidad de obrar suficiente para ello. No obstante, en el supuesto de que esa constitución no sea formalizada por el mismo beneficiario, el artículo 227-3 del código civil de Catalunya, sí exige que el beneficiario acepte expresamente la constitución, y si no dispone de la capacidad suficiente, que la acepten sus representantes legales.

¿Cuando se extingue el Patrimonio Protegido?. El patrimonio protegido puede finalizar a) por la muerte o declaración de fallecimiento del beneficiario, b) la pérdida de la condición de discapacitado o de dependencia de aquél, c) la renuncia del beneficiario, y por último, d) por el transcurso del plazo para el que había sido constituido.

La extinción del Patrimonio por las razones apuntadas, conlleva la liquidación de éste, que deberá llevarla a cabo la persona designada en la escritura de constitución, y si en la misma no constara el nombre del liquidador, por la persona designada para llevar la administración de aquél, dándose el destino de los bienes y derechos que integran el remanente, el que se hubiera previsto en la escritura de constitución, que puede incluir la reversión de los bienes al constituyente o aportante, o a sus herederos.

(1) Cuando los aportantes sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo hasta el importe de 10.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto. Asimismo, y con independencia de los límites indicados en el párrafo anterior, cuando los aportantes sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades con el límite de 10.000 euros anuales. Disposición adicional 18 de la Ley del IRPF.

Nota del autor

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